La década de los 90 presenció el desarrollo del derecho ambiental en Costa Rica. Concebido como un derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en solamente diez años el ordenamiento jurídico ha tenido cambios significativos para tratar de proteger y garantizar este derecho.La reforma constitucional al artículo 50, la promulgación de distintas leyes sobre la materia, como la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Forestal, la Ley de Biodiversidad; así como la creación de nuevas instituciones dedicadas a su promoción como la Defensoría de los Habitantes, la Procuraduría Ambiental y la Fiscalía Ecológica; demuestran un desarrollo vigoroso de esta rama del derecho.
Surgieron también las primeras organizaciones no gubernamentales cuyo objetivo principal se relacionaba directamente con el desarrollo del derecho ambiental como un instrumento que pudiera coadyuvar para un desarrollo sostenible, como CEDARENA, la Fundación Ambio y Justicia para la Naturaleza.
Las leyes, las reformas institucionales, la constitución de las organizaciones, son el resultado visible de un proceso que se había gestado con anterioridad. Así que lo que pudimos presenciar en la década de los noventa, es el resultado del aporte de muchas personas, de la discusión de ideas sobre el futuro de nuestro país, que se realizó años antes.
Desde la “Estrategia de conservación para el desarrollo sostenible en Costa Rica”, conocida como ECODES, el sector de legislación proponía una serie de recomendaciones que hoy son realidad. Y estas recomendaciones provenían de otro foro anterior como lo fue el Simposio en el 76 de la Costa Rica del año 2000.
Así que “la verdad es que no somos más que un chispazo entre dos silencios infinitos”, hacia el pasado, presente y futuro, como decía el Dr. Rafael González en el primer Congreso de Derecho Ambiental que tuvimos en 1992.
Debemos mantener la capacidad de soñar, de creer en que las cosas son posibles, de que podemos lograr cambios y de que podemos construir. Para eso hay que motivar la capacidad de reflexión, de análisis, de propuesta, y de acción. Ese es el espacio que esta Asociación Costarricense de Derecho Ambiental quiere propiciar. Un espacio permanente, donde los abogados desde diferentes sectores, desde diferentes intereses, con formaciones distintas, podamos fomentar la discusión amplia de ideas que fortalezcan nuestra formación profesional y que contribuyan a que nuestro país encuentre un balance entre el desarrollo económico, social y ambiental.
No se trata de pensar igual, se trata de pensar distinto, para que la heterogeneidad nos permita una visión más integral. Debemos retomar algunas ideas que hemos venido madurando a través de los diferentes espacios de discusión y acción.
Que el fundamento del Derecho Ambiental se encuentra en el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado como un derecho humano.
De que la garantía del ejercicio de este Derecho recae principalmente en el Estado, pero en la idea de un Estado democrático, amplio y participativo.
De que el Derecho se sustenta en los valores, en la ética. Una ética intergeneracional de respeto a las generaciones futuras y a la equidad social ahora.
No podemos desconocer nuestra responsabilidad en la construcción cotidiana de un Estado de Derecho
Es así como nace la Asociación Costarricense de Derecho Ambiental (ACDA) con los fines de: Promover el desarrollo del derecho ambiental en Costa Rica; la enseñanza del derecho ambiental; la capacitación para abogados, e interesados en la materia; divulgar la jurisprudencia administrativa, judicial y constitucional sobre ambiente en Costa Rica; motivar el estudio del Derecho Internacional Ambiental; propiciar el intercambio de ideas, experiencias, proyectos, información y casos entre los miembros de la Asociación; y, en definitiva, promover la defensa del derecho de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
